jueves 6/5/21

Aprobada la Ley de Protección a la Infancia

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El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves 15 de abril el proyecto de Ley orgánica de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que eleva a 35 años la edad desde la que empieza a contar el plazo de prescripción de abusos a menores, elimina el Síndrome de Alienación Parental (SAP), obliga a utilizar la prueba preconstituida hasta los 14 años para no revictimizar, e incorpora el deber de todos los ciudadanos de denunciar cualquier indicio de violencia a la infancia.

El texto, al que se han incorporado más de 200 enmiendas de las casi 600 que han registrado los distintos grupos, y al que se han incorporado también más de 70 transaccionales, a su paso por la Cámara Baja, ha sido aprobado con el voto a favor de PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, ERC y BNG, el voto en contra de Vox y del PNV y la abstención de PDeCAT y EH Bildu.

Tras su votación en el Pleno del Congreso, el proyecto de ley de protección a la infancia frente a la violencia tendrá que seguir su tramitación en el Senado.

Uno de los últimos cambios introducidos en el texto es la ampliación de la edad a partir de la cual comienza a contar el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores. El texto inicial contemplaba elevarla de los actuales 18 años de la víctima a 30 años, pero ahora este umbral se eleva hasta los 35 años gracias al acuerdo alcanzado este mismo miércoles entre PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, EH Bildu, Más País y BNG.

Actualmente, el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores empieza a contar cuando la víctima cumple la mayoría de edad y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad. Entre las modificaciones incorporadas a la ley también destaca la eliminación del Síndrome de Alienación Parental (SAP), -por el que algunos padres acusan a su expareja de manipular a su hijo en su contra-.

Asimismo, se obligará a utilizar la prueba preconstituida, es decir, el testimonio grabado, hasta los 14 años del menor afectado, para evitar su revictimización. Igualmente, se amplía de 6 a 12 meses el plazo para el cese de tutela de la administración sobre los menores en situación de desamparo que hayan abandonado voluntariamente el centro de protección y se encuentren en paradero desconocido.

Entre las novedades que ya introducía el texto presentado por el Gobierno en junio de 2020, y que fue bautizado por el exvicepresidente Pablo Iglesias como 'Ley Rhodes' -por el pianista del mismo apellido, que sufrió abusos en su infancia-, destaca la privación de la patria potestad para condenados por homicidio o maltrato.

Igualmente, la ley incorpora el deber de todos los ciudadanos de comunicar cualquier indicio de violencia sobre menores; crea una nueva figura, la del 'coordinador de bienestar y protección' que deberá estar en todos los colegios; establece la obligación para los centros de menores tutelados de fijar para prevenir los casos de abusos, y aborda el problema del bullying, así como la violencia contra colectivos vulnerables y aquella cometida a través de Internet.

 

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