Como es lógico cualquier medida que perjudicara a los que se beneficiaban del patrimonio de las fundaciones civiles tenía que manifestarse en una oposición al cambio, nadie quiere perder sus privilegios: ya sea un alquiler irrisorio, sueldos para toda la familia, patronos con fidelidad al arzobispo y no a la fundación, asistir a misa en “su” parroquia que no es de los fieles ni del arzobispado, y olvidarse de paso de cómo viven – y mueren - los ancianos en un edificio que es incomprensible que siga abierto.
El arzobispo Osoro actuó con decisión inicial, incluso fue más allá, encargó que se realizara un análisis de las fundaciones para conocer las circunstancias y el grado de cumplimiento de la ley en cada una. Y también consideró conveniente que se incorporaran a la gestión las buenas prácticas de “compliance”, procedimientos adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan, y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. Pero todo su propósito inicial quedó en “agua de borrajas”. Cuando los privilegiados acudieron a la prensa y a los tribunales en “defensa” de sus intereses, el cardenal entró en “modo pánico”, y con todo el respeto, el arzobispo que se dirige a sus compañeros de la Conferencia Episcopal no es un hombre en el ejercicio de comunión en caridad cristiana, es un hombre trastocado. No hemos podido leer su intervención, pero medios próximos a la Iglesia como “religión confidencial digital” o “infovaticana” han publicado pequeños extractos y comentarios que nos ponen los pelos de punta.
Leemos “otro de los momentos destacados de la Asamblea fue la presentación del estudio sobre “Compliance” en la Iglesia en España. Al término de las palabras del ponente, intervino el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro: “explicó que tenía conocimiento de un plan, que responde a una trama organizada, por no decir conspiración, para desestabilizar la economía de las diócesis a través de la intervención y el saqueo de las Fundaciones en las que está presente la Iglesia.”
Es normal que la mayoría de los obispos españoles se intercambiaran gestos de incredulidad, los que no permanecieron “ojipláticos”. Lo que había sucedido es que todos los obispos habían recibido copia de una demanda del secretario de algunas fundaciones civiles, advirtiendo a su presidente el cardenal Osoro de las numerosas irregularidades legales e incumplimientos que se estaban cometiendo.
El gesto de extremo nerviosismo que llevó al cardenal a cerrar su intervención hablando no de paz y bien sino de conspiración le sitúa en el ocaso de su prestigio y urge a su sustitución en el arzobispado. Mientras, su sombra, el sacerdote Belda, pillado in fraganti tras constituir una empresa de intermediación jurídica, cosa expresamente prohibida en el código canónico para los que ejercen tareas de información interna o pastorales, se apresta a sentarse ante un tribunal.
De todo ello les mostraremos información y pruebas
