Si la explotación inmobiliaria de lujo estaba en horas bajas, ahora le tocaba el turno a los más débiles. Así que con su socio en “Azora” Fernando Gumuzio, miembro del consejo económico del Arzobispado de Madrid, y sus relaciones de alto nivel, no dudaron en entrar en ese suculento mercado, bien sabido es que los menos afortunados protestan pero ahí queda la cosa, así que fue una bonita operación para la socia directora Concha Osácar. Las casi 3.000 viviendas se habían construido siguiendo el “Plan Joven” de la Comunidad, y se reparten en 11 municipios, son en su mayoría pisos de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de superficie por los que los inquilinos pagan entre 370 y 520 euros al mes dependiendo del municipio y la superficie útil. Gente humilde. Pero una persona recurrió la venta. 
Tribunales contundentes
La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronunció primero, y con contundencia, al respecto, ya que consideró que esta adjudicación “no fue debidamente justificada, ni explicada, ni aprobada por el consejo de administración del Ivima, requisitos cuya inexistencia conlleva la nulidad de la transacción”. Después fue el Supremo, que ni siquiera admitió a trámite los recursos de Azora y de la Comunidad de Madrid. Pero quedó abierto un resquicio, esta última interpretó que la sentencia afectaba solo al único recurrente. Como ardid no estaba mal.
Pero el pasado día 1 de febrero el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 rechaza la interpretación de la Comunidad. “Se declara que la sentencia de este juzgado de fecha 21 de Mayo de 2018 alcanza a la anulación de la adjudicación a Azora Gestión del contrato de enajenación de las 32 promociones y con ello de la totalidad de los inmuebles que las integran” y da un plazo de diez días a la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid para que "proceda a solicitar la anotación de la anulación de la venta en la inscripción de todas y cada una de las fincas registrales que integran las 32 promociones que fueron objeto de la venta anulada".
Preguntamos al Vaticano, no hay otra persona con perfil más moderado, con limitaciones éticas suficientes, para gestionar sus finanzas? Se necesita una experta en fondos buitres – que caen sobre su presa moribunda – para aconsejar sobre el destino del patrimonio dinerario e inmobiliario de la Santa Sede? ¿y al mismo tiempo su marido se querella contra el Arzobispo de Madrid? Santidad, le están metiendo un gol en propia meta, salvo que se lo deje meter.
