sábado 31/10/20
HACIA UNA NUEVA DESAMORTIZACIÓN

Los obispos catalanes sobre las inmatriculaciones: "La Iglesia ha actuado legalmente"

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La Iglesia católica ha inscrito 3.722 inmuebles a su nombre en Catalunya, sin ningún título que acredite su propiedad, según un reciente informe del Govern. Estos datos constan en el conjunto de los registros de la propiedad de toda Cataluña, según inscripciones hechas entre los años 1946 y 2015, gran parte de ellas en Lleida (58 %).

Se trata de las llamadas inmatriculaciones de fincas rústicas (41 %) o construcciones dedicadas al culto en su mayoría (50 %), como templos, ermitas, cementerios, capillas, conjuntos eclesiásticos y santuarios. El resto de inscripciones son de edificios (9 %) como rectorías, garajes o palacios.

Las comarcas leridanas del Pallars Sobirà, Pallars Jussà y Alt Urgell son las tres comarcas más afectadas de toda Cataluña por esta política de la Iglesia católica y los municipios con más inmatriculaciones son Pont de Suert (Lleida) y Olesa de Bonesvalls (Barcelona), con 82 cada uno.

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonés, y la consellera de Justicia, Ester Capella, han dado a conocer públicamente estos datos en una rueda de prensa celebrada en la finca donde se encuentra la ermita y la casa del Campaner de Sant Pere de Vallhonesta, a Sant Vicenç de Castellet (Barcelona).

El arzobispo de Urgell, Joan Enric Vives, ha defendido posteriormente que la Iglesia “no se ha apropiado indebidamente de ninguna propiedad”, y ha afirmado que las inmatriculaciones que se han hecho en Catalunya se han realizado siempre legalmente.

Vives ha asegurado que le parece “muy bien” que se elabore un mapa de las inmatriculaciones -su diócesis es una de las que más presenta-, pero ha remarcado que la Iglesia no se ha apropiado indebidamente de ninguna propiedad. Ha dicho que en las inmatriculaciones la Iglesia ha actuado “siempre legalmente, siempre según la legalidad vigente. Nunca se ha vulnerado la ley, de ninguna manera”.

La inmatriculación de Sant Pere de Vallhonesta por parte del Obispado de Vic (Barcelona) fue denunciada en 2018 por el sindicato agrario Unió de Pagesos, que alertó de estas actuaciones y de que las mismas podían causar “indefensión” a los agricultores afectados.

El Obispado de Vic aseguró en aquel momento que se había aportado documentación a la hora de instar la inmatriculación de ermitas, como visitas pastorales, consagraciones de iglesias antiguas o recibos de luz.

La ermita de Sant Pere de Vallhonesta ha sido restaurada y ocupada por un centro excursionista desde hace muchos años, como hoy ha recordado la alcaldesa de Sant Vicenç de Castellet, Adriana Delgado, en el mismo acto, al que también ha asistido la delegada del Govern en la Cataluña central, Alba Camps, y el director de Derecho y de Entidades Jurídicas, Xavier Bernadí.

El Departamento de Justicia ha creado la Oficina de Mediación sobre inmatriculaciones, que es un servicio del Centro de Mediación de Cataluña, dirigido a la Iglesia y a las personas y entidades que reclamen la propiedad de los bienes inmatriculados sin título de propiedad.

Organizaciones como la citada Unió de Pagesos y la Asociación de Micropueblos de Cataluña han reclamado públicamente la titularidad de diversos bienes inmatriculados por la Iglesia en los últimos años en Cataluña.

La mayor parte de estos bienes son lugares de culto ubicados en propiedades privadas y solares rústicos así como equipamientos deportivos y plazas públicas alrededor de iglesias y rectorias. La inmatriculación es el registro de un bien inmueble por primera vez, y reconoce en el Registro de la Propiedad la titularidad de la iglesia sobre él, aunque esta no disponga de la documentación y las escrituras que lo acrediten.

En cambio, si el hasta entonces considerado legítimo propietario quiere recuperar la finca inmatriculada, debe acudir a los juzgados para demostrar documentalmente que el inmueble le pertenece.

El Departamento de Justicia promueve la constitución de un grupo de trabajo para identificar los supuestos que puedan exigir una actuación pública orientada a recuperar los bienes que hayan de ser disfrutados por el conjunto de la sociedad, para apoyar a los municipios que reclaman fincas o edificios inmatriculados.

Los bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia tiene su origen en la Ley Hipotecaria que se aprobó el año 1946, durante la dictadura de Franco, vigente hasta diciembre de 2015, y que establecía que la Iglesia, al igual que la administración, podía inmatricular una finca a pesar de no tener ningún título que acreditara la propiedad, según ha recordado la Generalitat en un comunicado.

Revisión de la fiscalidad de la Iglesia católica, en septiembre

El Gobierno abordará en septiembre la fiscalidad de la Iglesia católica en España y sus inmatriculaciones, la capacidad que tiene de adjudicarse inmuebles declarando que son de su propiedad.

Ambos asuntos serán estudiados en el seno de varias comisiones técnicas de trabajo en las que participarán tanto miembros del Ejecutivo como de la Conferencia Episcopal Española.

Así lo ha avanzado este viernes el Gobierno en un comunicado en el que informa que ha recibido ya la Memoria de Actividades de la Iglesia Católica en 2018, en una reunión mantenida entre el Subsecretario del ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Antonio Hidalgo, y el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello García, que estuvo acompañado por el vicesecretario general para Asuntos Generales, Carlos López Segovia y el vicesecretario general de Asuntos Económicos, Femando Giménez Barriocanal.

Durante este encuentro, ambas partes han concretado que a la vuelta de verano se pondrán en marcha las comisiones de trabajo antes mencionadas, cuya constitución fue abordada el pasado 24 de junio, entre la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Juan José Omella.