«Las inmatriculaciones que ha hecho la Iglesia católica se han producido al amparo de una situación legal. Otra cosa diferente es que haya habido posicionamientos contrarios a la reforma que propició el Gobierno del presidente Aznar», ha afirmado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En cualquier caso, Calvo ha añadido que esos registros pueden ser contestados por las personas que así lo consideren a través de dos vías: la administrativa y también la judicial.

Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha aplaudido este aval del Gobierno: «Nos agrada el reconocimiento que han hecho en el propio informe de que la Iglesia ha seguido la legalidad en la realización de este criterio inmatriculador» y a su vez ha recordado como estos bienes de la Iglesia «están al servicio del bien común a través de las actividades propias de la comunidad cristiana como la liturgia, en la catequesis, en la caridad, y que muchos de ellos tienen también un extraordinario valor histórico, artístico y cultural que también desde los pequeños pueblos están al servicio de la sociedad para poder visitar, para poder realizar actividades que pongan en valor esta capacidad cultural y artística que nuestros bienes tienen".

Por eso, "seguimos haciendo un llamamiento a la colaboración entre la Iglesia, la sociedad y las administraciones públicas para que el mantenimiento de estos bienes y al mismo tiempo, para que su uso, el propio de los mismos en la liturgia, en la acción de la Iglesia y el que pueda realizarse para el bien común, social, artístico y cultural pueda seguir realizándose" concluyó Argüello.