lunes 01.06.2020
RESIDENCIAS Y RESPONSABILIDADES

¿No hay culpables?

Un miembro de Médicos Sin Fronteras asesora al personal de la residencia Nuestra Señora de las Mercedes de El Royo (Soria), en la utilización de sus materiales de protección personal e higiene para reducir el riesgo de propagación del virus (EFE / Olmo Calvo)
Un miembro de Médicos Sin Fronteras asesora al personal de la residencia Nuestra Señora de las Mercedes de El Royo (Soria), en la utilización de sus materiales de protección personal e higiene para reducir el riesgo de propagación del virus (EFE / Olmo Calvo)

Miles de ancianos han muerto solos, asustados y angustiados en residencias, hospitales y hogares sin poder despedirse de los suyos, sin haber podido hablar con sus familias durante su enfermedad. Solo en las residencias geriátricas, un diario de tirada nacional contabilizaba hoy 16.000 mayores fallecidos en un mes y medio, víctimas del coronavirus. Una cifra obscena e imposible de asimilar. Cuando se constató que el Covid-19 afectaba de manera mucho más grave a los ancianos que al resto de la población, todo el mundo temió por la suerte que correrían las residencias. Y comenzaron las cifras de muertos, y sus edades. Después llegaron otras, las personas mayores que morían solas en sus casas sin atención médica, y las docenas y docenas de muertos e infectados en las residencias. La muerte no tiene vuelta atrás, pero sí plantea muchas preguntas y le pone cara a la realidad. El sistema ha fallado. No teníamos la mejor sanidad del mundo y, en asuntos sociales, nuestros gobiernos son nefastos, sobre todo en la atención a los mayores. 

Los familiares de los difuntos exigen responsabilidades, quieren la verdad y que los autores de estas muertes respondan ante la justicia. Hay miedo a que esto se quede en el olvido, en un pasar página de los políticos manipulando la opinión pública con el mensaje nadie estaba preparado y prometiendo que se tomarán las medidas para que no se repita. Y aquí no ha pasado nada.

Al verse desbordados por la situación, la ministra de Interior, Margarita Robles, culpó a las residencias de la mortandad, en una comparecencia televisada vergonzosa, asegurando que los militares habían encontrado cadáveres en residencias religiosas y que los ancianos se encontraban en situación de abandono. Al día siguiente, el mando militar matizó las declaraciones de la ministra y, dos días después, alabó el "olor a limpio" y el excelente cuidado de los ancianos de otra residencia gestionada por religiosas.

Ahora ya no se pone el objetivo en las residencias religiosas sino en las privadas. De las públicas, no se dan noticias. Lo cierto es que a día de hoy, todos los centros de mayores se siguen quejando de que las administraciones los han dejado a su suerte. Continúan sin equipos de protección, sin personal cualificado (las bajas causadas por los contagios se han cubierto con personal no cualificado por una ley del 25 de marzo) no hay test para los residentes ni para el personal, a pesar de que que el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, dio la consideración de servicios esenciales a los profesionales que trabajan en los centros de mayores... sí se han desinfectado 4.000 centros. "Vamos a seguir trabajando coordinados con las comunidades autónomas para afrontar un problema que es tan sanitario como el de los hospitales", zanjó el vicepresidente en la última comparecencia ante el Congreso.

Hace ya casi un mes, el sindicato UGT denunciaba que no se estaban realizando test rápidos en las residencias de ancianos para evitar los posibles contagios. Y ante la dificultad para recopilar datos, demanda ahora que al finalizar la pandemia se realice una auditoría que rebele los efectos del coronavirus en las residencias y las medidas adoptadas por las Comunidades Autónomas para hacer frente a la enfermedad.

Aunque aún no se tienen datos oficiales exactos, debido a la dificultad para realizar un cómputo adecuado, lo que está claro es que entre el 26 de marzo y el 15 de abril, "ha habido un aumento exponencial del número de fallecidos, lo que revela a su vez que se deberían haber incrementado las medidas de protección frente al Covid19 en los centros de mayores y las inspecciones en esos centros", denuncia el sindicato.

Las residencias han sido abandonadas y criminalizadas. Al aluvión de denuncias que se espera de los familiares de los fallecidos posiblemente se sume las de los empleados de los centros de mayores, que estudian demandar al Gobierno por la falta de material con la que han trabajado, como ya están haciendo colectivos del personal sanitario. El presidente de las gestoras de residencias, Ignacio Fernández-Cid, aseguró hoy al diario ABC que el Gobierno solo facilitó morfina para sedar a los ancianos y no tratamientos antiCovid, unas declaraciones especialmente duras para los familiares de las personas muertas. Por su parte, el presidente de la Fundación Economía y Salud, Alberto Jiménez Artés, recordó que las residencias fueron las primeras en tomar medidas de aislamiento, y "tal vez sea la Administración la que tenga que responder por los incumplimientos".

En Italia, 50.000 personas se han organizado en el movimiento de Facebook 'Noi denunceremo' para exigir responsabilidades a las autoridades de su país, mientras la fiscal de Bérgamo, María Cristina Rota, ha abierto una investigación por 'epidemia culposa'. Se trata de esclarecer si se han cometido algunas negligencias que hayan provocado muertes que pudieron evitarse de haber actuado de otra forma a tiempo respecto al Covid-19.

¿Culpables o responsables? La Justicia lo dirá.