lunes 10/8/20
LUCHA SIN CUARTEL CONTRA LA PEDERASTIA

Justicia para las víctimas de abusos argentinas

Los religiosos Nicola Corrad y Horacio Corbacho, y el jardinero Armando Gómez fueron condenados a 105 años de prisión por abusos sexuales a niños discapacitados en el Instituto Antonio Próvolo de la provincia de Mendoza 
Los curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi y el jardinero Armando Gómez escuchan la sentencia por "abusos sexuales cometidos en forma sistemática" a chicos hipoacúsicos en el Instituto Próvolo (TÉLAM)
Los curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi y el jardinero Armando Gómez escuchan la sentencia por "abusos sexuales cometidos en forma sistemática" a chicos hipoacúsicos en el Instituto Próvolo (TÉLAM)

El caso de las atrocidades sexuales cometidas por religiosos a alumnos sordomudos e hipoacúsicos del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza (Argentina) dio una de las noticias más impactantes del año. Un tribunal penal condenó a dos sacerdotes a 45 y 42 años de prisión y a un jardinero a 18 años por los abusos sexuales a chicos discapacitados que asistían al lugar, al cumplirse tres años desde que salieron a la luz las primeras denuncias, según informó ayer el diario Clarín. 

La sentencia a los religiosos Nicola Corradi (42 años de cárcel) y Horacio Corbacho (45 años) y al jardinero Armando Gómez (18 años en prisión), imputados por 20 hechos de abusos sexuales y como responsables de la guarda de los menores, se difundió a puertas cerradas por tratarse de delitos de acción privada, aunque fue transmitido en vivo por Internet.  La condena  tiene un impacto mundial: es la primera vez que son enjuiciados en 50 años de denuncias de violaciones, abuso sexual, maltratos y corrupción de menores, los sacerdotes de esta orden religiosa con sedes en Verona, Italia, en La Plata y Mendoza, en Argentina.

El Tribunal Penal Colegiado 2 estuvo formado por los jueces Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli. Como parte de la sentencia, la Justicia obliga al Ministerio de Salud de Mendoza a dar tratamiento psicológico a las víctimas y una serie de medidas reparadoras, como la mayor difusión de la enseñanza de la lengua de señas en los colegios.

Al escuchar el veredicto condenatorio los tres acusados se mostraron callados, con la miraba baja, inmutables. Dentro de la sala estaban las víctimas y sus familiares. Los ex alumnos expresaron su emoción con los brazos en alto y el vaivén de sus manos como si fuera la balanza de la Justicia, que en lengua de señas simboliza haberla alcanzado la verdad.

Los adolescentes y jóvenes del Provolo, que hoy tienen entre 14 y 30 años, dejaron la sala de audiencia abrazados, llorando, y eufóricos por tanta emoción contenida. "Los tres fueron culpables. Estoy feliz y orgullosa de haber luchado y he visto que se hizo Justicia. Ahora soy más fuerte", dijo la denunciante inicial de la causa, una joven hipoacúsica, de 28 años que tiene una hija de 2.

El fiscal Gustavo Stroppiana consiguió una sentencia cercana a su pedido: 45 años para Corbacho, 42 para Corradi (había pedido también 45) y 18 para Gómez (había solicitado 22 y medio). "Estamos conformes con el fallo porque quedó demostrado que estos hechos estaban acreditados". Y destacó la labor de los intérpretes de señas, que fueron cuestionados por la defensa,: "Se ha reafirmado la labor de los intérpretes y la veracidad de la declaraciones de los chicos". En sintonía, el abogado de las víctimas, Oscar Barrera, remarcó: "Este juicio nos demostró la necesidad de corregir la falta de perspectiva sobre la discapacidad en la Justicia argentina y el restablecimiento de los derechos plenos para estas personas".

"Recibieron una pena ejemplar y se podría haber evitado si estos curas denunciados no hubieran sido trasladados a la Argentina. Pedimos que el mundo se anime a hablar, a denunciar a los curas y a la Iglesia", dijo Ariel, padre de una de las víctimas, en la ceremonia final de la suelta de globos para cerrar una etapa de profundo dolor.

La responsabilidad de la Iglesia Católica en el encubrimiento y traslado a otras sedes de estos curas pederastas quedó al descubierto cuando se supo que el cura Corradi ya había sido señalado por delitos similares en el Instituto Antonio Próvolo de Verona, sin que fuera juzgado y que el Papa Francisco había sido notificado que el religioso dirigía un centro similar en Argentina. "Esperamos la respuesta de la Iglesia católica a este fallo, quienes hasta ahora no han querido colaborar ni denunciar los hechos", dijo el abogado de Xumek, Sergio Salinas. 

El Papa Francisco nunca se ha pronunciado en público sobre estas acusaciones. Sin embargo, la Iglesia católica abrió una investigación canónica para juzgar a los dos sacerdotes y envió en 2017 a dos vicarios. Uno de ellos, el vicario judicial Dante Simón, dijo entonces a The Associated Press que los hechos denunciados eran “horribles” y “más que verosímiles”. A dos años, del inicio del sumario de la Iglesia no ha tenido resolución y sigue en proceso de investigación.

Corradi también está imputado en la justicia de la provincia de Buenos Aires por presuntos abusos cometidos en el Instituto Próvolo de la ciudad de La Plata,. A ese centro fue a parar el sacerdote, a finales de la década de 1980 cuando fue trasladado desde Verona y, luego, destinado a Mendoza en la década del ´90.  Familiares de las víctimas de Mendoza apuntaron que los traslados de Corradi obedecerían a la reiterada práctica de la Iglesia de cambiar de un lugar a otro a los curas denunciados.

Los tres acusados llegaron a las 9 a la sala de audiencias y casi de inmediato los magistrados les preguntaron si tenían algo para declarar o decir. Los tres contestaron que no. Acto seguido, los tres jueces se marcharon a deliberar. 

Los jueces condenaron a Corbacho por 13 hechos, que incluyen "abusos sexuales agravados con y sin acceso carnal y corrupción de menores", y a Corradi por cinco hechos de "abuso sexual y corrupción de menores". En tanto, Gómez fue encontrado culpable por dos casos de abusos sexuales de menores.

En ambos casos penas están agravadas por el "carácter de ministro de culto y por ser los encargados de la guarda de los menores de 18 años".

El debate, que comenzó el 5 de agosto y demandó 49 jornadas, contó con la participación de intérpretes de lenguaje de señas. Psicólogos y psiquiatras que declararon ante el tribunal coincidieron en señalar que los testimonios de las víctimas eran "coherentes y verosímiles".

Los casos denunciados ocurrieron entre 2005 y 2016, cuando las víctimas tenían entre 5 y 17 años. La mayoría de los chicos abusados provenían de familias de escasos recursos, de pueblos alejados, de San Luis, y hasta una víctima de Misiones, que eran dejados por su familias como pupilos. Los curas y directivos del Provolo reclutaban a los chicos con el argumento de que era un instituto modelo donde se enseñaba el lenguaje oral y se dejaba de lado la lengua de señas. “Esa técnica terminó siendo una trampa porque a los chicos no los dejaban comunicarse con sus lengua original (de señas)”, explica Ariel, papá de una de las víctimas.

El 25 de noviembre de 2016 llegó a la Justicia mendocina la denuncia contra dos curas y tres ex administrativos como autores de abusos sexuales en el interior del instituto Provolo. En otros dos expedientes, que aún esperan la elevación a juicio, están acusadas dos monjas y el personal administrativo y docente del Provolo.

El fiscal de la causa confirmó que la situación de detención de los tres condenados, continuará siendo la misma que hasta ahora, Corradi cumple prisión domiciliaria, beneficio que consiguió por sus problemas de visión y dificultades para caminar (durante el juicio se trasladó en silla de ruedas); mientras que Corbacho y Gómez están detenidos en la pabellón 5 de abusadores sexuales de la cárcel de Boulogne Sur Mer, en la ciudad de Mendoza.

El arzobispado de Mendoza emitió ayer un comunicado en el que manifestó estar trabajando para que no se repitan "estas situaciones". "El dolor de las víctimas y sus familias es también nuestro dolor; por eso, urge reafirmar nuestro compromiso con la prevención, la transparencia, la verdad y la justicia para garantizar la protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad", se expresó.

La transparencia de la información es un tema central en la lucha de las víctimas de abusos sexuales eclesiásticos. Al día de hoy no existe un registro oficial de victimarios que permita dar cuenta de la magnitud del fenómeno.