lunes 30/11/20
LIBERTAD DE ENSEÑANZA

La educación independiente europea solicita ayudas públicas para afrontar la crisis

El Encuentro Europeo de Educación Independiente (EMIE), que reúne cada año a las organizaciones representativas de la escuela privada y concertada en Europa, ha hecho pública una declaración conjunta en la que solicita a los gobiernos europeos que, en la medida que proporcionen ayuda financiera a los centros públicos para salir de esta crisis, lo hagan también con la escuela privada y concertada. Recuerda el importante papel que en el contexto de la pandemia han ejercido estas escuelas, y lamenta que algunos gobiernos estén aprovechando el escenario crítico para aprobar leyes que restringen la libertad de enseñanza.

Europa se enfrenta a una importante crisis que afecta en general a toda la sociedad en múltiples niveles. La educación no es una excepción. Esta crisis plantea desafíos para los niños, los profesores, los padres, los directores de centros y otras personas; afecta a la comunidad educativa en su con- junto. Necesitamos salir de esta crisis juntos.

Los centros privados y concertados, una expresión fundamental de la sociedad civil, se ven afectados por esta crisis de la misma manera que los centros públicos, y a menudo más. En este contexto, dichos centros han colaborado con las autoridades nacionales compartiendo experiencias, buenas prácticas y materiales que también pueden ayudar a otros centros a salir de la crisis. Además, muchos de esos colegios están haciendo enormes esfuerzos para apoyar a las familias que se esmeran por asegurar que sus hijos sigan recibiendo la educación que consideran mejor para ellos. Esto es la subsidiariedad y la solidaridad en acción. En los países en que los centros concertados no están totalmente financia- dos con fondos públicos están disminuyendo fuertemente los recursos necesarios para mantener la solidaridad o simplemente para continuar con el funcionamiento de los colegios.

El derecho a la educación es un derecho humano fundamental que no debe ser olvidado en este momento tan grave. El apoyo específico a los padres, los centros y los profesores es esencial para garantizar un futuro digno a nuestros hijos.

La educación es un bien común y la salida de esta crisis debe tener en cuenta la totalidad de las instituciones educativas. Algunos gobiernos no están proporcionando a los centros privados y con- certados, y tampoco a los padres que los eligen para sus hijos, el apoyo material destinado a garan- tizar que se pueda ofrecer una educación de calidad y segura a todos los estudiantes, independien- temente de los recursos financieros de sus padres. De hecho, algunos gobiernos no están destinando ningún apoyo financiero, ni siquiera un mínimo, a estos centros.

Podemos observar algunos escenarios dramáticos en los que la crisis podría obstaculizar el funciona- miento de un número significativo de dichos centros cuando comience el próximo curso académico. El tratamiento discriminatorio a estas instituciones educativas hará que el sistema sea menos inclu- sivo y rico, y dificultará que muchos padres puedan ejercer su derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Además, esto acabará con los puestos de trabajo de miles de profesores y de otro personal.

En la medida en que los gobiernos proporcionen ayuda financiera a los centros públicos para ayudar a atender sus necesidades durante esta crisis, deberían conceder a los centros privados y concertados un acceso razonable a una parte proporcional de estos fondos. La resolución del Parlamento Europeo del 12 de junio de 2018 sobre la modernización de la educación en la UE, en su artículo 76, "anima a que, en el marco del incremento de la inclusividad y el respeto a la libertad de elección educativa, se conceda apoyo financiero adecuado a los centros escolares de todas las categorías y niveles, tanto de carácter público como privado sin ánimo de lucro".

Algunos gobiernos están aprovechando el escenario crítico para aprobar leyes que restringen la li- bertad de enseñanza, sin el necesario debate social. En el contexto actual, la normativa nueva sobre educación sólo debería aprobarse si respeta la autonomía de los centros y el valor de la diversidad y libertad en el sistema escolar. El coronavirus no puede ser una excusa para limitar los derechos ad- quiridos de los padres y la sociedad civil. Se debe fomentar una perspectiva del bien común del de- recho a la educación, apoyando a todos los actores e instituciones educativas. A fin de asegurar de manera sostenible la diversidad e inclusividad en la elección de la educación en tiempos de crisis y evitar la disminución de los medios económicos de los padres, deben aumentarse sustancialmente las ayudas financieras.

En el párrafo 3 del artículo 14 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se reconoce que "se respetarán, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios democráticos, así como el dere- cho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas". Instamos a la Unión Europea y a todos los gobiernos de la misma a que tengan presente el reconocimiento de esta libertad en sus ayudas, a fin de garantizar la libertad de enseñanza de los padres, la existencia de colegios independientes y concertados y el bienestar de todos los niños.